Santo Domingo — Un nuevo capítulo se suma a la polémica que rodea la denominada “ley mordaza”, tras la explosiva confesión de la comunicadora Ingrid Jorge, quien rompió el silencio en redes sociales revelando que fue presionada para ejecutar una campaña mediática contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, con el supuesto objetivo de facilitar la aprobación de dicha normativa.
En su testimonio, Jorge aseguró que fue Iván Félix quien la contactó directamente con una propuesta clara: “Sencillamente él me prometió cambiar una vida de humillaciones a cambio de yo dejar de hablar de él, de apagar el tema de Gory Molla y contar la intimidad de Faride Raful”.
Según sus palabras, esa maniobra buscaba influir en la opinión pública y allanar el camino para la implementación de la controvertida ley.
La comunicadora afirmó que le ofrecieron “videos reales” y, en contraparte, le garantizaron un “cargo importante” dentro del Estado, lo que representaba según ella una oportunidad de salir de una “situación muy vergonzosa” con su madre.
“Estoy dispuesta a responder ante las consecuencias, pero quien planificó todo esto y me ordena es Iván Félix”, afirmó con determinación, al tiempo que se mostró visiblemente afectada por lo que asegura ha sido un entorno de presiones, amenazas y abandono por parte de quienes inicialmente le prometieron protección.
Además, Jorge extendió públicamente una disculpa al presidente Luis Abinader, al aclarar que “nunca lo amenazaría ni me atrevería a actuar en su contra”.
Aseguró que todo lo que dijo sobre el mandatario fue un eco de las palabras de Iván Félix, quien supuestamente le habría asegurado tener “mucho poder” y que el presidente “tiene una deuda con él”.
Este testimonio ha causado revuelo en el ámbito político y mediático, generando una oleada de reacciones y cuestionamientos sobre los métodos utilizados para respaldar proyectos de ley polémicos y la supuesta utilización de figuras públicas como herramientas de presión.
Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte de Iván Félix ni de las autoridades mencionadas, mientras diversos sectores de la sociedad civil piden una investigación inmediata que aclare la veracidad de las acusaciones, el uso de estrategias coercitivas y el presunto intento de manipular el debate legislativo.
