Cambridge, Massachusetts – Hablar en español en plena calle nos hacía sentir observadas, cuenta Lorena Mejía, recién graduada de la Universidad de Harvard, al narrar lo que vivió en una ciudad marcada por el prestigio académico y la reciente ola de restricciones migratorias impuestas por la administración Trump.
Bajo esa presión, muchos jóvenes optaron por eliminar publicaciones, dejar de seguir cuentas críticas al gobierno y evitar mencionar incluso palabras sensibles durante llamadas con sus familias.
“Hasta a nuestros padres les pedimos que no digan ciertos nombres por teléfono”, revela Mejía, quien fue la única del grupo en ofrecer su testimonio tras haber abandonado Estados Unidos.
Desde marzo, aproximadamente 4,700 estudiantes extranjeros han sido afectados por la cancelación de estatus legales, de acuerdo con datos reportados por diversos medios. Las universidades más prestigiosas del país, como Rutgers, han activado protocolos especiales.
Si usted es un estudiante internacional al que se le ha revocado el visado… comuníquese con nosotros lo antes posible”, se lee en la web del Proyecto de Asistencia a la Comunidad Inmigrante de Rutgers (RICAP).
El endurecimiento de políticas migratorias ha dejado huella especialmente en jóvenes de América Latina. Según la doctora en Sociología Marcela González, experta en política migratoria, “estas decisiones tienen graves implicancias para estudiantes de países como Venezuela, Colombia, México y Brasil”.
Las visas F-1, M-1 y J-1 podrían ser revocadas sin previo aviso, y el monitoreo en redes podría llevar a exclusiones arbitrarias o discriminatorias.
A esta situación se suma la carga emocional y económica. “Muchos de ellos han hecho sacrificios enormes para estudiar en EE. UU., y ahora podrían perderlo todo sin alternativas claras ni reembolsos”, señala González desde Buenos Aires.
La combinación de xenofobia latente, ansiedad y desinformación genera un ambiente de inestabilidad que también preocupa a las instituciones académicas, algunas de las cuales han expresado públicamente su rechazo a las medidas.
En ese contexto, expertos recomiendan a los estudiantes mantenerse en contacto con las oficinas migratorias universitarias y, en casos graves, acudir a un abogado especializado en inmigración.
“La Universidad siempre nos pidió no hacer movimientos apresurados, no cambiarnos de programa ni de institución”, dice Mejía, recordando los consejos que recibieron hasta el último día.
“Siempre nos recalcaron que muchas de estas medidas son inconstitucionales”, concluye, con la esperanza de que su historia sirva como eco de otras miles que siguen enfrentando el mismo laberinto migratorio desde distintas partes del continente.
