En la querella, depositada en la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología a través del abogado Miguel Valerio Jiminián, también se incluye a Ingrid Jorge, la hija de Claudia Pérez (La Tora).
Acusaciones y fundamentación legal
En la querella se acusa a Martínez y a Jorge de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 367 del Código Penal Dominicano.
La instancia, depositada el pasado 30 de mayo, se fundamenta en graves acusaciones de difamación, daños y perjuicios, así como en afirmaciones falsas que vinculan a la funcionaria con actividades ilícitas y conductas sexuales inapropiadas.
En la instancia presentada por separado, se aduce que los señalamientos difundidos por Martínez y Jorge son injuriosos y carentes de fundamento, con el aparente objetivo de dañar la imagen pública y profesional de la ministra Faride Raful.
Defensa de la reputación y búsqueda de justicia
Raful defendió su derecho a la intimidad y al honor, exigiendo responsabilidades por los señalamientos que buscan manchar su reputación. La ministra confía en que la justicia actuará con contundencia para proteger sus derechos y sentar un precedente contra la desinformación malintencionada.
Valerio Jiminián dijo que la querella penal busca no solo esclarecer los hechos, sino también sancionar a los responsables por la presunta comisión de delitos vinculados a la difamación y el hostigamiento.
Este caso reaviva el debate sobre el uso indebido de plataformas digitales y medios de comunicación para atacar la honra de las personas, especialmente de figuras pública
